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¿Cómo fueron los tres años de David Luna al frente del Mintic?

Cambiar la forma de medir las conexiones de banda ancha en Colombia es uno de los puntos que cuestiona la cámara de informática y telecomunicaciones, pues, de un año a otro, se duplicaron las cifras por cuenta de la modificación en la metodología. Ese gremio y otras organizaciones, como Asomóvil y la Fundación Karisma, reconocen la actitud de escucha del ahora exministro.

Luego de casi tres años exactos de haber llegado a la cartera, David Luna renunció al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) el pasado 24 de abril. En mayo de 2015, la mayoría de comentarios alrededor del nombramiento hacían referencia a la falta de experiencia de Luna en este campo. Hoy, muchas de las opiniones que provienen del sector concuerdan en que el ahora exministro, si bien dejó varios asuntos pendientes y otros que no se resolvieron de forma adecuada, se caracterizó por tener una actitud de escucha, con los ciudadanos y con la industria.

A continuación, presentamos la percepción de los líderes de diferentes gremios y representantes de la sociedad civil frente a asuntos específicos que ocuparon la agenda de David Luna en el Mintic, entidad en la que quedó como ministro encargado el viceministro Juan Sebastián Rozo.

Conectividad

Al preguntar por la labor de David Luna, uno de los primeros puntos que surgen es el de la conectividad de los municipios a través de figuras como los puntos y Kioscos Vive Digital, que llegaron a un total de 900 y 7.000, respectivamente, y las zonas de acceso gratuito a internet inalámbrico (wifi), que, en apenas un par de años, llegaron a 1.185. Su funcionamiento, sin embargo, está garantizado por el Gobierno sólo hasta diciembre de 2018. Luego, hasta 2019, dependerá de los entes territoriales.

El gremio de operadores móviles, Asomóvil, afirma que en el país aún hay una brecha digital de 50 %: uno de cada dos colombianos no tiene acceso a internet. “La meta del próximo gobierno tiene que ser aumentar el número de usuarios de internet móvil y fijo, sobre todo en estratos 1 y 2, que es donde se nota más fuertemente la brecha digital”, aseguró Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil.

Un punto que ha generado críticas es el cambio en la forma como el Mintic mide la cantidad de conexiones a internet de banda ancha. Desde que el exministro Diego Molano estaba en la cartera, la meta del país era llegar a 27 millones de conexiones. Mientras que a finales de 2016 se contaron 15,3 millones, al cierre del año pasado la cifra superó los 30 millones, un salto inexplicable con la misma metodología. Hasta 2017, lo que se tenía en cuenta eran internet fijo e internet móvil por suscripción (al que se accede suscribiendo un contrato con un operador). Pero desde el tercer trimestre se empezaron a contar también las conexiones por demanda (las compras esporádicas de servicio de datos, sin contrato).

“Claramente la nueva metodología favoreció el cálculo, sin desconocer los esfuerzos importantes que se hicieron para mayor y mejor conectividad”, opinó Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). Según la explicación que da el Mintic en sus boletines, el cambio se dio luego de un “trabajo técnico sectorial” para “visibilizar todas las conexiones a internet de banda ancha que se realizan trimestre a trimestre” y mostrar “coherencia estadística sobre el acceso universal alcanzado por el servicio de internet en Colombia”. Yohai asimismo manifestó su descontento con que la meta de cambiar la definición de “banda ancha” en Colombia, de 1 megabit por segundo (mbps) a 20 mbps, se hubiera dejado para 2019, es decir, el próximo gobierno.

Para el ciudadano de a pie

Unas de las causas que ha promovido el Mintic, y que está entre las que más impactan a los colombianos, es la lucha contra el robo de celulares. Por eso, en coordinación con otras entidades, como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), se inició el registro de los IMEI de los celulares, por parte de los operadores y ciudadanos, para facilitar el bloqueo de los equipos robados. Sin embargo, entre 2016 y 2017 el hurto de estos aparatos aumentó, según cifras que tiene Asomóvil, de 1’306.049 a 1’322.125 casos.

“Coincidimos con el ministro en que el sector de las TIC, el Ministerio, la CRC y los operadores, cumplieron todas las obligaciones que se les pusieron en esta lucha, pero el asunto va más allá de bloquear los teléfonos y tener bases de datos. Es también acción de la policía y de las autoridades competentes”, dijo Gutiérrez. “Faltan unidades de policía y acciones de la DIAN para frenar el contrabando”, agregó.

Otro de los asuntos que estuvieron en la agenda fueron las nuevas plataformas, como Uber, Netflix, Airbnb y más. En particular sobre las de transporte, el Mintic siempre ha mantenido su posición de que no se pueden bloquear, por el principio de neutralidad de red y porque se presume la legalidad de las plataformas hasta que un juez diga lo contrario.

Para empezar a integrar la visión de la “transformación digital”, la CRC trabaja en la hoja de ruta para la economía digital, con el fin de que las entidades, como los ministerios, que dictan las políticas sectoriales, sepan cómo tomar decisiones en tiempos en que Cabify o Rappi desafían las formas como tradicionalmente se han hecho los negocios y se han entendido las relaciones laborales. Asimismo, se creó el primer Observatorio de Economía Digital, cuyo primer informe da cuenta de datos como que el 100 % de las grandes empresas, 98 % de las pymes y 94 % de las microempresas usan internet en Colombia.

Un análisis de la política

Para la Fundación Karisma, una organización de sociedad civil que monitorea derechos humanos en entornos digitales, el discurso de la “economía digital” tiene el problema de no preguntarse si acaso no se repetirán los errores que hubo en la inserción de Colombia en la economía mundial en el siglo XX y que dejó al país marcado por una visión extractivista y de producción de materias primas.

“Estamos frente a Uber o Netflix, cuyo negocio también es la extracción de datos. La pregunta es si tenemos las herramientas para equilibrar la balanza”, es decir, para no prolongar una posición de desventaja que nos deje como simples consumidores o productores incipientes. “No hay una reflexión de fondo sobre los problemas del país”, afirma Carolina Botero, directora de Karisma.

Se refiere, entonces, a la visión de la política pública como proveedora de “tecnosoluciones” o “como una capa de pintura que tapa todos los problemas de fondo en educación, transporte o producción cultural”. Pone como ejemplo la digitalización de las historias clínicas para facilitar la atención en salud. “El problema no son los trámites, estos son solo la forma como se visibiliza el verdadero problema, que es la dificultad para recibir el servicio de salud”, dice Botero, y hace énfasis en las implicaciones que en materia de privacidad y manejo de datos pueden tener ese tipo de implementaciones.

“A nivel de Ingeniería y talento humano, el Ministerio TIC se enfocó en desarrollo de software e ingeniería de sistemas. No obstante, es innegable que se deben aunar esfuerzos para fortalecer la innovación y el desarrollo de la industria electrónica y hardware, vitales para la implementación de la industria TI (de tecnologías de la información)”, señaló la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).

Como puntos positivos en la gestión de Luna, Botero, de Karisma, resaltó que se hubiera hecho el primer análisis de uso de tecnología por parte de las mujeres. “Es la primera vez que se hace una aproximación de género, lo que para nosotros es particularmente importante”. Dicha encuesta reveló que en Colombia el 80 % de las mujeres usa internet, pero apenas 0,7 % de ellas son desarrolladoras de contenidos.

Por su parte, Aciem, en cuanto ciberseguridad y ciberdefensa, destacó “que el Ministerio TIC definió políticas públicas acordes a los estándares internacionales, que permitirán proteger a las instituciones públicas de ataques cibernéticos”. Karisma, de otro lado y un poco en contraste, subrayó el hecho de que la discusión alrededor de la política de seguridad digital haya dejado de estar enfocada solamente en los aspectos de defensa y seguridad nacional. “En términos de implementación, sigue habiendo mucha carga en ejército y policía, pero al menos hemos logrado que escuchen que en ciberseguridad la ciudadanía es activa, no pasiva”, agregó Botero.

Para la industria

Buena parte del ministerio de David Luna estuvo marcado por un crecimiento negativo de la industria, nueve trimestres seguidos, como ha resaltado Asomóvil, y cuya causa principal, según el gremio, fue la desaceleración de la economía, que redujo el consumo por parte de los usuarios. Para Gutiérrez, los impuestos sobre los servicios de telecomunicaciones (IVA e impuesto al consumo) que se introdujeron en la reforma tributaria que entró a regir en 2017 terminaron de agravar la situación.

Tulio Ángel, presidente de Asomedios, resaltó de la gestión de David Luna que se hubiera logrado llegar a un acuerdo con los canales privados de televisión para prorrogar sus licencias por 10 años más. También, la adjudicación de Canal 1, un proceso que no estuvo exento de críticas, por los canales y programadores que incluso señalaron que se podría incurrir en un detrimento patrimonial.

Regulador convergente

Si hubo un tema que acaparara la atención del sector durante los últimos meses, ese fue el regulador convergente: el tipo de autoridad que, dicen, necesita el país en tiempos en que las personas ven televisión por internet y hacen llamadas usando su paquete de datos. Del Congreso de la República surgieron tres propuestas al respecto y el Mintic también formuló una propia, que empezó a ser discutida, con mensaje de urgencia, el mismo día en que David Luna presentó su renuncia.

Mientras que Asomóvil se declara de acuerdo con el proyecto de ley del Gobierno y confía en que se logre tramitar antes de que se termine esta legislatura, para Tulio Ángel, la propuesta se enfoca demasiado en las empresas de telecomunicaciones. “No se habla de la televisión abierta radiodifundida y gratuita. Además, (en vista de que se liquidaría la Autoridad Nacional de Televisión) devuelven el manejo de contenidos y forma de la televisión a la división de vigilancia y control del Mintic. No hay que olvidar que la Constitución Política de 1991 plasmó la necesidad de tener un ente autónomo sin influencia política del gobierno de turno”, dijo el vocero de Asomedios.

Subasta de espectro

El otro gran pendiente y motivo de debate ha sido la subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más esperada por los operadores móviles por sus buenas condiciones para la cobertura y la velocidad de las comunicaciones. El tema se puso sobre la mesa desde 2016, se esperaba que el proceso arrancara en 2017, pero, finalmente, en 2018, el Mintic anunció que se dejaría para después de elecciones.

Todos coinciden en que adjudicar estas frecuencias es fundamental para el desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, los operadores han insistido en que primero es necesario generar las “condiciones de inversión”, como, por ejemplo, el regulador convergente y el aumento de los tiempos de adjudicación: que pasen de 10 años, como es actualmente, a 20. “Una tarea pendiente es la definición del proceso de subasta de espectro radioeléctrico de las bandas de 700 MHz y 1900 MHz y la fijación de obligaciones para los operadores, las cuales permitirán la ampliación de la cobertura y la calidad en los servicios de telecomunicaciones”, señaló Aciem.

La reversión

Una de las grandes victorias que se ha anotado el Mintic fue haber ganado el pleito con Claro y Movistar a causa de la denominada “reversión de activos”, una pelea de vieja data, pero cuyo desenlace pudo celebrar David Luna. En pocas palabras, lo que estaba en disputa era el equivalente en dinero de la infraestructura que esos operadores utilizaron en Colombia en los años noventa para desplegar el servicio de telefonía celular y que, al final, debían devolver a la Nación. Un tribunal de arbitramento le dio la razón al Gobierno y la deuda por pagar, entre ambos, ascendió a $4,7 billones. Los recursos, según anunció en diciembre pasado el Ministerio de Hacienda, “se dejaron en reserva para futuras necesidades fiscales”.

En todo caso, la decisión hizo que ambos operadores llevaran el fallo a revisión en instancias internacionales y que, de nuevo, se invocara una falta de condiciones y seguridad jurídica para invertir. Los procesos que vengan en esa materia, así como las acciones para dinamizar la industria y seguir trabajando por orientar lo mejor posible la transformación digital del país son pendientes, trascendentales, que tendrá que asumir, por poco tiempo, un próximo ministro o ministra y, más a fondo, un próximo gobierno.

2018-05-04T03:29:23+00:00 mayo 4, 2018|Categorías: David en Medios|Etiquetas: , |Sin comentarios

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